La organización de pruebas deportivas ciclistas no oficiales

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Publicado en prensa:

Denuncian ante el Parlamento pruebas deportivas no federadas que suponen riesgos

El PSOE pone como ejemplo un campeonato de enduro no federado de Tui.

El grupo socialista ha denunciado ante el Parlamento gallego la dejadez de la Xunta por
no desarrollar la regulación de pruebas deportivas. La diputada Carmen Acuña presentó una
pregunta en la Comisión Institucional del Parlamento en la que advierte que la falta de reglamento en el caso de competiciones no federadas “pone en riesgo a participantes y espectadores”.

Critica que el gobierno gallego desmantele las federaciones deportivas gallegas recortándoles ayudas públicas, impidiendo la recaudación al impulsar la licencia única a nivel nacional, mientras ofrece apoyo incondicional al deporte no federado, incluso en actividades de riesgo. Advirtió que el desinterés de la secretaría xeral do Deporte puede provocar “trágicas consecuencias”.

 

Acuña preguntó a la Comisión por la celebración, en el mes de abril de un campeonato de
enduro no federado en la localidad de Tui, con unos 300 pilotos y una cuota de inscripción de 55
euros. Señaló que desconoce qué cubría la póliza de inscripción es esa competición. Explicó que
el circuito incluyó tramos que discurrían por carreteras públicas, y un control de la Guardia Civil
impuso un total de 47 sanciones entre los participantes por circular sin carné, sin matrícula, sin
ITV o por no disponer de seguro médico para su actividad, precisa el grupo socialista.

A ello suma que, posteriormente, se constató que el circuito era ilegal, tal y como
dictaminó el tribunal contencioso administrativo, después de una denuncia interpuesta por
propietarios de viviendas cercanas al circuito.

Noticias deportivas, como ésta fechada a medidos de julio de 2014 cada vez son más
habituales y preocupantes.

Casualmente, en la misma Comunidad Autónoma, a finales de julio de 2014, donde tuvo
lugar la noticia anteriormente citada, se ha celebrado el conocido como Campeonato Nacional,
Estatal y de España de ciclismo 2014, pruebas definidas según su reglamentación propia como
independientes cada una de ellas y como competitivas, para las categorías Junior, Sénior,
Máster 30, Máster 40, Máster 50 y Máster 60, de acuerdo con su definición posterior, como
pruebas “OPEN” al amparo de lo establecido en el artículo 18.c de la Ley 3/2012, del deporte de
Galicia. Pueden participar cualquier persona con 16 años cumplidos.

Dicha “competición” aparece incluso patrocinada por la propia Administración Públicas
(Diputación).

A pesar de que la denominación que recibe la citada prueba ciclista sin genero de
duda alguno pretende confundir a los deportistas participantes en la misma, entiendo que el
Campeonato de España de la RFEC, el verdaderamente nacional o estatal, calificado como
oficial, tiene una notoriedad y prestigio adquirido a lo largo del tiempo que en modo alguno
puede compararse con celebrado en Galicia. Sin embargo, la confusión en la denominación es
un objetivo pretendido por el organizador.

Cualquier deportista aficionado que acude a una prueba deportiva, tiene el objetivo,
entre otros, de que ese día pueda convertirse en algo especial y diferente, divertido, buscando
ocio y esparcimiento, encontrar a nuevos compañeros y competidores y en muchos casos
participar compitiendo consigo mismo o con los demás.

Organizar un evento deportivo, en el caso de la modalidad deportiva del ciclismo,
contempla mucha vocación, trabajo, tiempo y dinero. Y todo ello con el fin de que la
competición o prueba se celebre y que al final de la misma, no haya sucedido ninguna desgracia
personal o material.

Por ello, la seguridad es elemento clave para la celebración de la prueba ciclista. Y la
seguridad no es solo contar con autorización de la autoridad competente en la materia.

La pertenencia a la Real Federación Española de Ciclismo, como federado con licencia
expedida por la misma, conforme a sus Estatutos establece que toda persona física o jurídica
que compone la RFEC se compromete a cumplir la normativa técnico deportiva promulgada
por la UCI, así como por la RFEC. Deben observarse los principios de lealtad, integridad y
deportividad teniendo en consideración los Estatutos, Reglamentos y decisiones de la UCI y la
UEC.

En este punto, debe recordarse que la licencia sólo habilita para participar en
competiciones o pruebas oficiales de ámbito estatal (o autonómico en su caso) y nunca en
competiciones no oficiales.

El art. 15.6 del Reglamento Disciplinario de la RFEC establece que son obligaciones de
los ciclistas federados no participar en actividad deportiva con club diferente al que pertenezcan,
salvo excepciones reglamentarias, ni en pruebas y o eventos deportivos, lúdicos o sociales de
carácter no oficial, pudiendo ser una infracción muy grave sancionada como falta muy grave.
¿Por qué se justifica esta prohibición de e participar a ciclistas federados en pruebas
ciclistas “no federadas” ? Son varias las razones que justifican dicha normativa sancionadora,
criticada por algunos, especialmente por aquellos que defienden la organización de pruebas no
oficiales fuera del ámbito federativo.

La respuesta a esta pregunta debe ofrecer la información necesaria para que los ciclistas
conozcan lo que hay detrás de dicha norma.

Debe conocerse por todos los federados que la licencia tiene un coste muy bajo para los
servicios que vienen añadidos en la misma:

  1. Seguro de responsabilidad civil con coberturas superiores a las mínimas establecidas por el Real Decreto 849/1993 que regula el Seguro Obligatorio Deportivo.
  2. Seguro de accidentes con cobertura a nivel mundial.
  3. Seguro de Vida por importes de hasta 10.000 euros.

Cuando se participa en una prueba federada los jueces árbitros son independientes y
profesionales, están formados y titulados, están sometidos a una reglamentación que incluso
puede llegar a sancionarlos por su conducta y sus actos pueden ser objeto de reclamación.

Cuando se participa en una prueba federada las reglas están determinadas en un
reglamento deportivo, aprobado siguiendo un procedimiento legalmente establecido.

Cuando se participa en una prueba federada hay una garantía en la entrega de los
premios y trofeos, y existen autorizaciones administrativas para la celebración del evento.
Siempre hay miembros de seguridad de tráfico si fuese necesario o policías locales y protección
civil y las Administraciones Públicas, Estado, Comunidad Autónoma o Ayuntamiento confirma
la celebración de la prueba. Si aparece cualquier tipo de incidencia sanitaria existen dotaciones
médicas y ambulancias, seguros médicos y se conoce quien son los responsables de la
organización.

La Federación Estatal organiza campeonatos, cursos, escuelas de ciclismo, etc, de
manera oficial y bajo una reglamentación que adquiere dimensiones públicas.

Existe un Comité de Competición y Disciplina Deportiva, independiente y profesional,
que ejerce la potestad disciplinaria, administrativa pública de manera delegada, cuando se
contravienen las normas deportivas públicas.

Por todas estas cuestiones, y por algunos aspectos más, es por lo que, aquellos
deportistas, ciclistas o no ciclistas, sólo deben participar en pruebas federadas, recordándoles
además, que si participan en una prueba no federada habrán de solicitar los seguros de RC
y médicos, porque la licencia deportiva no ampara la participación en estos eventos, y deben
conocer (si es que fuera posible) quienes son los voluntarios o los jueces que arbitran (porque
ninguna titulación tienen ni se conoce que cauces reglamentarios existen para impugnar, ni
existe oficialidad alguna en el título o premio obtenido por el vencedor, deben conocer las
medidas de seguridad de la prueba, porque no están amparadas o regidas por las normas
deportivas de la RFEC – que en definitiva son la normativa ciclista oficial – y por tanto no pueden
obtener amparo de los seguros legalmente establecidos, dado que la Federación no tiene
responsabilidad alguna sobre la prueba y las aseguradoras no ofrecen a estos organizadores
aseguramiento igual al que proporciona la licencia federativa, por cuanto nunca podrán disponer
de precios tan competitivos como los de las federaciones deportivas, porque estas federaciones
deportivas garantizan una serie de controles sobre la prueba que los organizadores no federados
no pueden en ningún caso ofrecer, porque no disponen ni de la estructura legal, ni infraestructura
material y personal para realizar todos los controles expuestos.

Participando en una prueba no federada, el deportista, en este caso ciclista, se convierte
en un deportista insolidario, primero con los clubes y entidades que organizan prueba oficiales,
los cuales han aceptado una normativa igual para todos, que ofrece garantía para la totalidad
de participantes y que determina quien son responsables por su incumplimiento, segundo,
insolidario con el resto de deportistas, ciclistas federados que a fin de cuentas son compañeros
suyos, y tercero con la propia Federación a la que pertenecen voluntariamente.

El poder de represión o disuasorio del que gozan las federaciones – potestad disciplinaria
– no puede ser ejercido para evitar la celebración de estas competiciones porque su ámbito de
aplicación queda supeditado a la pertenencia del infractor o infractores a la propia organización
federativa.

La única excepción a esta limitación se encontraría en las infracciones que pudieran
cometer en estas competiciones comerciales aquellos deportistas o clubes que tuvieran licencia
en vigor con una federación. Este ha sido el mecanismo de autoprotección empleado por
algunas federaciones internacionales.

Desde el punto de vista jurídico es lícito que cualquier organizador realiza eventos
al margen de las federaciones, siempre que cumplan la normativa deportiva, pero no debe
olvidarse que este tipo de organizadores, son empresas, muchas veces encubiertas bajo la
máscara de “entidad sin ánimo de lucro” o fundaciones” y lo cierto es que si tienen un ánimo de
lucro, totalmente lícito, de beneficio económico, circunstancia que no sucede con los clubes y
entidades organizadoras, que han buscado tiempo, dinero y recursos de donde no los hay para
organizar una prueba deportiva ciclista para todos los ciclistas.

La función social de interés general que cumple el deporte se ha visto afectado por
la aparición de nuevos fenómenos como la búsqueda de beneficios financieros rápidos en
detrimento de una evolución más equilibrada del deporte, lo cual se traduce en una multiplicación
de acontecimientos deportivos lucrativos, que puede conducir a que la lógica comercial prime
sobre la lógica deportiva y la función social del deporte.

Esto, unido a la organización de competiciones al margen de las federaciones, en busca
de la máxima rentabilidad derivada del potencial económico del deporte, quiebra el principio de
solidaridad financiera que debe existir entre el deporte profesional y el deporte de base
Si cualquier federado participa en una prueba no federada, presenta indudablemente
un carácter de insolidario con el resto de federados y con su deporte, y en vez de incrementar
la participación en el mismo, se da el resultado contrario, quitando energías y fuerza a
otros, debiendo tener conciencia que se está cometiendo una irregularidad reglamentaria,
voluntariamente acatada desde el momento en que se le entrega la licencia y que puede ser
sancionada.

Las federaciones deportivas han venido reaccionando desde hace tiempo mediante
la inclusión, en las disposiciones reguladoras de algunas Federaciones Internacionales, de
cláusulas garantizadoras del monopolio federativo en la organización de las competiciones.
La medida más extendida ha sido la prohibición a sus afiliados de participar en
competiciones no reconocidas, siendo sancionado el miembro incumplidor con la suspensión o,
incluso, la expulsión de la federación

Respecto de prohibiciones de este tipo se ha planteado su compatibilidad con las
normas comunitarias de competencia. La duda es razonable puesto que está subordinada al
de las federaciones europeas a su adecuación al Derecho Comunitario, una de cuyas políticas
básicas es la de libre competencia.

Para resolver la cuestión puede y debe invocarse la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas que en repetidas ocasiones (Sentencias Deliège,
Lehtonen y Bosman ) ha reconocido que la especificidad del deporte permite reservar a dicho
sector un trato particular, siempre y cuando se cumplan otra serie de condiciones mínimas.

Esta especificidad es, precisamente, la que vendría a permitir la vigencia de este tipo de
prohibiciones en las federaciones deportivas.

Las federaciones deportivas no tienen como objetivo aplicar esta norma, pero hay que
recordar que es una reglamentación vigente, que está en vigor y que aunque esto último no es
lo principal, las federaciones no suelen ponerlo en práctica, salvo situaciones excepcionales es
en caso muy flagrantes.

Si se desea competir, lo mejor es competir con los deportistas de verdad, competir con
los mejores, y esos solo son los deportistas federados en competiciones federadas oficiales.

Madrid, 22 de agosto de 2014

José Antonio del Valle Herán

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