La intrahistoria de la comisión gestora de la RFCE en canarias

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La reciente sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 20 de mayo de 2015 declarando la nulidad de la Comisión Gestora de la Real Federación Colombófila Española (en adelante RFCE) para Canarias invita a reflexionar sobre una serie de cuestiones sobre la posibilidad de implantar una “gestora” a modo de Delegación Territorial dentro del territorio autonómico de una Federación Deportiva Autonómica integrada en la Española, que incumple sus deberes de representación de la española. Para entender la implantación de la Comisión Gestora hay conocer todo lo realmente ocurrido (la mayor parte fuera del expediente administrativo) y valorar la sentencia en su justo término.

Antecedentes de la comisión gestora de la RFCE

La posibilidad estatutariamente establecida de creación de una Comisión Gestora de la Federación Estatal existiendo una Federación Autonómica integrada en la misma.

Con fecha de 31 de marzo de 2012 la Asamblea General de la RFCE ratificó el acuerdo adoptado por la Junta Directiva y Comisión Delegada de la Asamblea General de nombramiento de una Comisión Gestora para Canarias al amparo del art. 6 de los Estatutos de la RFCE.

Hay que precisar que la Federación Canaria de Colombofilia (en adelante FCC) estaba plenamente integrada en la RFCE y que sus licencias representan prácticamente más de un tercio del total de licencias de la Federación Española.
El citado artículo 6 de los Estatutos tiene su origen en la reforma del art. 7 modificación aprobada por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, en su sesión de 25 de abril de 2005, autorizado su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas y publicados en el BOE de 7 de junio de 2005, vigente hasta 15 de enero de 2011, dónde una nueva reforma motivada por la derogación del Real Decreto 2571/1983, de 27 de septiembre, por el que se regula la tenencia y utilización de la paloma mensajera (vigente hasta el 8 de junio de 2010) hizo necesario modificar los Estatutos, que fueron aprobados definitivamente por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, en su sesión de 30 de noviembre de 2010, autorizado su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas. El anterior art. 7 reformado pasó a ser ahora el renumerado como artículo número 6.

Finalmente, la redacción actual del art. 6 viene establecida por Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la RFCE, BOE nº 267 de fecha 4 de noviembre de 2014, que mantiene la anterior redacción y además añade un procedimiento de desintegración de federaciones autonómicas de la estatal.

No deja de ser interesante que la raíz de la propuesta de modificación estatutaria procede del hecho de que por el propio CSD en el año 2013 se realiza requerimiento a la RFCE para que eliminara de los estatutos la figura de la Comisión Gestora por entender que no cabe la existencia de la misma entre la Delegación y la Federación Autonómica.

La RFCE atendiendo el requerimiento presentó una propuesta de Estatutos suprimiendo la posibilidad de creación de la comisión gestora por incumplimiento de deberes de representación e incorporando un mecanismo o procedimiento de desintegración de las federaciones por estos mismos motivos.

Sin embargo, el informe finalmente resultante del CSD fue de que la RFCE mantuviera la Gestora hasta conocer el resultado de la Sentencia de apelación aprobándose el procedimiento de desintegración con algunos matices, lo que llevó a modificar el texto estatutario presentado, que había suprimido la regulación de la Comisión Gestora.

De todo ello resulta el vigente art. 6 aprobado por el CSD y publicado en el BOE:
“Artículo 6.º
1. La organización territorial de la R.F.C.E. se ajustará a la del Estado en Comunidades Autónomas. En su virtud, tal organización se conforma por Federaciones de ámbito autonómico integradas en la R.F.C.E. y de Delegaciones Territoriales.
La R.F.C.E., con el necesario acuerdo de su Junta Directiva ratificado debidamente por su Asamblea General, podrá crear una Comisión Gestora en coordinación con los clubes y deportistas de una Comunidad Autónoma, en el momento que una Federación Autonómica/Delegación Territorial, no cumpla con los fines de representación marcados en los presentes Estatutos en dicha Comunidad Autónoma, teniendo la misma representación dentro del seno de la R.F.C.E., que una Federación Autonómica/Delegación Territorial.
2. Cuando una Federación Autonómica incumpla los requisitos y condiciones previstas en el Título II de los presentes Estatutos o acuerdos adoptados en la Asamblea General de la R.F.C.E. podrá ser objeto de desintegración de la R.F.C.E.

A tal fin se establecerá un procedimiento por la Comisión Delegada, que garantice la audiencia y defensa de la Federación Autonómica, debiendo ser la Asamblea General, la que adopte el acuerdo de desintegración por mayoría absoluta de los asistentes a la Asamblea.
3. Las Delegaciones Territoriales, podrán convertirse en federaciones de ámbito autonómico, cuando así lo deseen, cumpliendo la legislación vigente en su Comunidad Autónoma respectiva y el artículo 9.3 de los presentes Estatutos.”

La promulgación de la Ley 4/2011, de 18 de febrero, de fomento de la colombofilia canaria y protección de la paloma mensajera de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Este escenario se complementa con la promulgación de la Ley 4/2011, que establece que las palomas mensajeras “nacidas en Canarias” porten en una de sus patas una anilla de nido, que será la estipulada por la Federación Canaria de Colombofilia y homologada por la Federación Nacional cuando se quiera acudir a campeonatos de ámbito nacional o internacional.

Además, entre otras competencias, también atribuye a la FCC la función de organizar, autorizar, aprobar, coordinar y controlar las sueltas de entrenamiento o de competición que se realicen desde otros países y las de carácter internacional.

La RFCE comunicó al CSD que la citada Ley podía ser inconstitucional en algunos aspectos, e incluso desde el propio CSD se informó jurídicamente de la necesidad de presentar recurso de inconstitucionalidad contra diversos apartados de la Ley, pero el recurso no llegó a interponerse.

En esencia, la Ley canaria obviaba la existencia de normativa estatal y en diversos apartados de la Ley debería haberse incorporado una expresión del tenor “sin perjuicio de las competencias que la legislación reserve al Estado y a otros organismos”, tal y como pudo de manifiesto el propio Consejo Consultivo de Canarias en su dictamen de 24 de febrero de 2010,

La creación de una Comisión Gestora de la RFCE en Canarias, existiendo Federación Autonómica integrada en la misma.

Como se ha expuesto en fecha de 31 de marzo de 2012 la Asamblea General de la RFCE ratificó el acuerdo adoptado por la Junta Directiva y Comisión Delegada de la Asamblea General de la RFCE de nombramiento de una Comisión Gestora para Canarias al amparo del art. 6 de los Estatutos de la RFCE.

Su creación estaba motivada por causa del incumplimiento por parte de la FCC de los fines de representación marcados en los Estatutos de la RFCE en dicha Comunidad Autónoma.

La FCC no gestionaba licencias nacionales a los colombófilos canarios, cuya tramitación debía realizarse a través de la Federación Autonómica, además de que la citada FCC recaudaba la cuota de la licencia nacional, sin entregársela posteriormente a la RFCE, circunstancia que obligó a reclamar dichas cantidades mediante procedimiento ordinario en vía civil seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Las Palmas, que falló en primera instancia en agosto de 2013 mediante sentencia estimatoria de todas las pretensiones de la RFCE.

Sentencia que fue objeto de recurso de apelación formalizado por la FCC ante la Audiencia Provincial de Las Palmas y que se ejecutó provisionalmente por la RFCE entre 2014 y 2015. A fecha de hoy el recurso se encuentra pendiente de resolución.

Junto a ello, la RFCE tuvo conocimiento documental por los estados contables presentados, de que la FCC se hallaba en situación de insolvencia económica lo que se unía al hecho de que sus dirigentes ni siquiera disponían de licencia nacional, lo cual impedía ejercitar contra ellos acciones disciplinarias deportivas.

Por último, tampoco se tramitaban por la FCC los Planes de Vuelos presentados para su inclusión en el Calendario Nacional de competiciones, impidiendo o al menos dificultando a los federados con licencia nacional participar en los mismos.

Con anterioridad, además, la FCC había impugnado mediante demanda de procedimiento ordinario civil de la que conoció el Juzgado de Primera Instancia nº 69 de Madrid, la reforma de Estatutos de la RFCE de 2010 que imponía la obligatoriedad de que las palomas mensajeras debían disponer de licencia o título de propiedad, que se suministrará por la RFCE a todas ellas con la anilla de nido oficial de la federación nacional. La sentencia desestimó la demanda de la FCC y resultó firme.

La situación deportiva entre federaciones por tanto podía ser calificada de “peor que mala” afectando muy negativamente la actividad colombófila en Canarias.

Las acciones de la FCC al CSD por la creación de la “Comisión Gestora” y la aplicación por parte de la FCC de la Ley 4/2011, de 18 de febrero, de fomento de la colombofilia canaria y protección de la paloma mensajera de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La FCC presenta reclamación al CSD por la creación de la “Comisión Gestora”, formulada de manera ambigua, sin contener peticiones concretas, lo que llevó al CSD a entender que se trataba de una denuncia por posibles infracciones disciplinarias deportivas de los federativos de la RFCE desestimando la denuncia presentada mediante resolución de 20 de febrero de 2012.

Desde 2013, además la FCC viene incoando sistemáticamente expedientes disciplinarios por la FCC a todo aquel federado canario que pudiera ser relacionado con la “Comisión Gestora” por el hecho de tener licencia nacional, solicitada al margen de la FCC o disponer de anillas oficiales de la RFEC, obtenidas por mediación de la citada Gestora.

En su última asamblea general adoptó el acuerdo de “prohibir volar palomas en Canarias con anillas de la RFCE” e imponer una tasa para que los colombófilos canarios con anillas de la RFCE “legalizaran” su situación, pagando un sobreprecio a la FCC permitiendo así “homologar” la anilla de la RFCE . De esta manera, con efecto retroactiva, las palomas con anilla nacional de los años 2011 y siguientes no serían “ilegales” en Canarias.

Particularmente dura ha sido la persecución a miembros de la Federación Insular de Tenerife, con licencias nacionales, los cuales son también titulares de licencia autonómica canaria, que han resultado sancionados tras un “singular” procedimiento, avalado por la Administración tutelante, que tiene pendiente de resolver desde hace meses recursos, reclamaciones y denuncias presentados contra aspectos y acuerdos relativos a la convocatoria de elecciones en la FCC dejando a la Federación Insular de Tenerife sin posibilidad de presentar electores ni elegibles. a finales del año 2014.Inaudito por la gravedad de los hechos. Los Tribunales contenciosos tendrán también su momento para pronunciarse sobre todo ello.

El recurso contencioso administrativo

Contra dicha resolución del CSD la FCC interpone recurso contencioso administrativo, solicitando diversas pretensiones:
a) Se declare contraria al Ordenamiento Jurídico la resolución dictada Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes de 20 de febrero de 2012.
b) La nulidad de la resolución de la Junta Directiva de la Real Federación Colombófila Española de 1 de octubre de 2011 que crea una Comisión Gestora en la Comunidad Autónoma Canaria, así como la de 26 de noviembre de la Comisión Delegada que ratifica la anterior y la de la Asamblea General de 31 de marzo de 2012, que incide en la misma ratificación.
c) La nulidad de cuantos actos deriven de las resoluciones de la Junta Directiva, Comisión Gestora y Asamblea General de la Real Federación Colombófila Española reseñados en el apartado b) anterior.
d) La nulidad de los acuerdos de la Asamblea General de 31 de marzo de 2012, que provee nombramientos de miembros de la Real Federación Colombófila Española y su Asamblea General del seno de la Comisión Gestora en la Comunidad Autónoma de Canarias o salidos de elecciones convocadas por ésta.

La RFCE se persona en el procedimiento contencioso administrativo, y en suma, alega que la gestora se crea en virtud de lo dispuesto en los Estatutos RFCE, siguiendo el procedimiento establecido, por incumplimiento de deberes de representación, que los Estatutos fueron aprobados con el consentimiento de la propia FCC y que además el juzgado no puede entrar a conocer sobre el fondo del asunto, porque la creación de la gestora es una cuestión de derecho privado, no es una cuestión administrativa derivada de competencia delegada alguna, que debe impugnarse en vía civil, lo cual no ha tenido lugar, al haberse denunciado únicamente los hechos como si fuera una denuncia contra los federativos de la española y no como un recurso administrativo. La Gestora no tiene personalidad jurídica alguna y es la RFCE quien tiene la competencia y desarrolla estrictamente funciones relacionadas con expedición de licencia nacional y competiciones nacionales, que no pueden desarrollarse en Canarias ante la obstrucción continua de la FCC.

La sentencia de primera instancia

Por sentencia nº 255/2014 de 1 de octubre del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 2 se estima parcialmente el recurso formulado por la FCC, estableciendo la citada sentencia que el CSD debía de pronunciase sobre la denuncia formulada por la FCC, al efecto de valorar si la vista de las circunstancias que concurrían a fecha de 26 de noviembre de 2011, procedía la creación de la citada Gestora en Canarias.

Aunque todavía no era firme la sentencia, en fecha de 30 de marzo de 2015 mediante resolución notificada el 7 de abril de 2015 del Presidente del CSD (a la vista de la citada sentencia 255/2014, que anulaba parcialmente la resolución de 20 de febrero del CSD por la que se desestimaba la denuncia interpuesta por la creación de la Comisión Gestora en Canarias por la RFCE y ordenaba al CSD que se pronunciase sobre la denuncia formulada por la FCC, al efecto de valorar si concurrían a fecha de 26 de noviembre de 2011, las circunstancias suficientes para proceder a la creación de la citada Gestora en Canarias) se acuerda declarar que el acuerdo de la Junta Directiva de 26 de noviembre de 2011 ratificado por de la Comisión Delegada de la RFCE no reunió todos los requisitos para la creación de la citada Comisión Gestora.

A tales efectos, la resolución establece “que de manera razonable, la FCC había incumplido los fines de representación marcados por los Estatutos”, aunque en el acuerdo de creación de la Gestora no consta acreditada la aprobación por la Asamblea General de la RFCE y que se incumple lo dispuesto en el art 7 ( en realidad el 6) de los estatutos de la RFCE al no constar acreditado que se haya adoptado en coordinación con deportistas y clubes de la comunidad afectada.

A los efectos de proceder a subsanar las deficiencias reseñadas por el CSD, es claro que el día 31 de marzo de 2012 la Asamblea General de la RFCE ratificó el cuando de Junta Directiva de 26 de noviembre de 2011.

Igualmente la Gestora fue creada en coordinación con clubes y deportistas canarios, figurando al frente de la misma una serie de personas propuestos por los citados clubes y deportistas. No obstante, la RFCE no disponía de actas que acreditaran documentalmente dicha circunstancia., por lo que a los efectos de acreditar documentalmente que la Comisión Gestora se ha creado en coordinación con deportistas y clubes de Canarias, en cumplimiento del art. 6 de los Estatutos federativos, se convocó a celebrar una reunión entre los colombófilos y clubes con licencia nacional en Canarias al objeto de ratificar los acuerdos adoptados en su día.

Todo ello, como decimos, a los efectos de acreditar ante el CSD la legal constitución de la Comisión Gestora para Canarias de la RFCE , ante los continuos incumplimientos de la FFF de sus deberes de representación.

La sentencia de la Audiencia Nacional

En fecha de 2 de junio de 2015 fue ratificado por los colombófilos canarios con licencia de la RFCE el acuerdo de creación de Comisión Gestora y su representante para Canarias conforme adoptado por la Asamblea de 31 de marzo de 2012 de acuerdo al art .6 de los Estatutos de la RFCE.

Ese mismo día, la RFCE, a última hora de la tarde, tuvo conocimiento que la Audiencia Nacional estimaba el recurso de la FCC estableciendo en su sentencia:

“Fundamento Jurídico Tercero. En el recurso de apelación formulado por la federación canaria de Colombofilia (FCC) se impugna la sentencia, y además se realiza una crítica de la misma, pese a lo alegado por la Abogacía del Estado, en tanto en cuanto retrotrae las actuaciones a la vía administrativa al objeto de que el CSD se pronuncie sobre la concurrencia de las causas que han llevado a la creación de una Comisión Gestora en el seno de la FCC.

Como puede examinarse de la mera comprobación del contenido de la sentencia, ésta anula la constitución de dicha Comisión por considerar que la RFCE no otorgó audiencia a la FCC cuando constituyó la Comisión Gestora. Además indica que el CSD ya se pronunció en la denuncia formulada por FCC apreciando que la conducta de la RFCE no tenía contenido disciplinario. Y por otro lado, indica que la denuncia de FCC iba encaminada a impugnar la creación de la mencionada Comisión Gestora en el seno de la Federación canaria. Admitiendo que esa falta de audiencia exigida por el art.84 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre del PAC conlleva la anulación de la constitución de dicha Comisión Gestora, lo cierto es que el CSD ya se pronunció sobre la imposibilidad de crear dichas Comisiones gestoras en el seno de una Federación autonómica, conforme al art.31,32.3 de la ley del Deporte de 15 de octubre de 1990, y art.6,3 del RD 183571991, según se deduce de los folios 197 y 198 del expediente, siendo únicamente posible, la constitución de Delegaciones Territoriales.

Por consiguiente, carece de objeto y de lógica alguna retrotraer las actuaciones para que el CSD se pronuncie sobre esta cuestión cuando dicha Comisión Gestora ha sido anulada por sentencia, lo que ahora confirmamos, y el CSD ya tuvo en cuenta la denuncia de la FCC en la que se hacía referencia a esta pretensión de impugnar la creación de la mencionada Comisión Gestora.

En consecuencia, y sin necesidad de entrar en el examen de los demás motivos alegados, procede estimar el recurso de apelación, revocando la sentencia impugnada en lo que constituye este recurso de apelación, y resolviendo todas las pretensiones formuladas por la recurrente, procede anular la totalidad de los actos impugnados por la recurrente en cuanto que confirman la constitución de la Comisión Gestora en el ámbito de la Federación canaria de Colombofilia, tanto el acuerdo de 12 de junio de 2.012 como aquellos de los que trae causa, salvo el del Consejo Superior de Deportes que archiva la denuncia de la actora por no apreciar responsabilidad disciplinaria alguna contra la Federación Nacional, pero sobre el que la apelante no solicita su anulación en vía de apelación. (el subrayado es nuestro).

El fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Sexta :

1º.- Estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la FCC, contra la sentencia impugnada de fecha 1 de octubre de 2.014 del Juzgado central de lo Contencioso-Administrativo nº 2, la cual se anula en los términos indicados en el fundamento de derecho tercero, (el subrayado es nuestro) sin hacer pronunciamiento en cuanto a las costas procesales.

2º.- Desestima el recurso de apelación interpuesto por la RFCE , contra la sentencia impugnada, condenándose a dicha parte al pago de las costas procesales.

Después de la sentencia de la Audiencia Nacional.

La sentencia estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Federación Canaria de Colombofilia, contra la sentencia impugnada de fecha 1 de octubre de 2.014 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 2, la cual se anula en los términos indicados en el fundamento de derecho tercero, que son diferentes a las peticiones de la FCC contenidas en su demanda en los apartados :
“c) La nulidad de cuantos actos deriven de las resoluciones de la Junta Directiva, Comisión Gestora y Asamblea General de la Real Federación Colombófila Española reseñados en el apartado b) anterior.
d) La nulidad acuerdos de la Asamblea General de 31 de marzo de 2012, que provee nombramientos de miembros de la Real Federación Colombófila Española y su Asamblea General del seno de la Comisión Gestora en la Comunidad Autónoma de Canarias o salidos de elecciones convocadas por ésta.”
Teniendo en cuenta lo expuesto, y a la vista de informaciones publicadas por medio de web de la FCC, se ha solicitado aclaración del fallo de la sentencia, en cuanto si se declaran nulos en su integridad, o no lo son, los acuerdos de la Asamblea General de la RFCE posteriores a 31 de marzo de 2012 ajenos a la creación o ratificación de la gestora, como son convocatorias electorales de la RFCE a miembros de la Asamblea concretamente realizadas por la propia RFCE y no por la Gestora anulada por esta sentencia.

Se está a la espera de resolución al respecto

Independientemente del fallo de la citada sentencia de la Audiencia Nacional, que la RFCE acata de forma inmediata, el Presidente de la RFCE ese mismo día hizo público un comunicado oficial manifestando:

– Que ha aplicado normativa estatutaria aprobada por el CSD y publicada en el BOE, ante el claro incumplimiento de la Federación Canaria de Colombofilia de sus deberes de representación de la RFCE en Canarias.

– Que continuará en todo momento en la defensa de sus competencias públicas administrativas delegadas en materia deportiva que le atribuye la Ley 10/1990 del Deporte.

– Que todos los colombófilos canarios que tengan la intención de estar presentes en competiciones y actividades estatales o internacionales organizadas por la RFCE están en su legítimo derecho de participar libremente en las mismas sin tener que soportar ningún tipo de coacción o ingerencia al respecto por parte de terceros, y aún menos de sus dirigentes territoriales.

– Que la Federación Canaria de Colombofilia está plenamente integrada en la RFCE y por tanto, sin perjuicio de cumplir y hacer cumplir la legislación autonómica por razón de su territorio, debe también cumplir y hacer cumplir sus compromisos con la RFCE, respetando sus Estatutos u reglamentos, al igual que ocurre entre el resto de Federaciones integradas en la RFCE.

– Ante la existencia de competencias delegadas administrativas concurrentes de ambas Federaciones – Española y Autonómica – deben arbitrarse medidas por parte de las Administraciones Públicas tutelantes (CSD y Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias) que permitan el desarrollo de competencias pacíficamente por ambas Federaciones, para lo cual la RFCE formalizará las oportunas instancias ante las citadas Administraciones en busca de mecanismos de solución de conflictos.

Conclusiones

De todo lo expuesto, tanto de la sentencia como del entorno jurídico comentado, pueden deducirse diversas conclusiones.

Primera, que la nulidad de la Comisión Gestora, para la Audiencia Nacional procede de una falta de audiencia de la FCC durante el procedimiento de creación de la Gestora, no contemplado en el mecanismo estatutario de creación de la misma. El Tribunal entiende que la creación de la Gestora, por tanto, se incardina dentro de un procedimiento administrativo sujeto a la Ley 30/1992 siendo ésta la clave dónde apoya la Sala su fundamento.

La Ley estatal del Deporte de 1990, Ley 10/1990, de 15 de octubre, siguiendo la pauta marcada por la sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de mayo de 1985, se decantó definitivamente por la naturaleza asociativa privada de las mismas, no obstante lo cual, delegó en ellas el ejercicio de determinadas funciones públicas, en cuyos supuestos actuarían como agentes colaboradores de la Administración pública.

La Audiencia Nacional entiende que la creación de la Comisión Gestora de una Federación Deportiva es un acto administrativo, impugnable ante la jurisdicción contencioso administrativa considerando que ” la actividad relativa a la propia existencia y funcionamiento de una Federación Deportiva, estatal o autonómica, se trata de una cuestión de índole administrativa, pues se halla ligada al propio cumplimiento de los fines que deben ejercer, y en este caso, la creación de dicha Comisión gestora sí puede afectar al funcionamiento de la Federación Autonómica en cuyo seno se crea”.

Segunda, que el CSD aprobó la posibilidad de creación de este tipo de “gestoras” como figura intermedia entre la Delegación y la Federación Autonómica, para casos como el comentado en el cual la Federación integrada incumple con sus deberes de representación de la Federación Española, y por ello aprobó la modificación estatutaria.

Tercera, que el propio CSD posteriormente cambió su criterio, considerando que no podía dar lugar a la existencia de esta figura, requiriendo a la Federación para que eliminara de los estatutos la misma, entendiendo que sólo cabe la posibilidad de Delegación, siempre que no exista Federación Autonómica. Pero dicho criterio del CSD, que no del Tribunal, no es el que determina la nulidad de la Gestora.

Cuarta, con independencia de que la RFCE pusiera en marcha un procedimiento de desintegración de la FCC (porque continuará incumpliendo sus deberes de representación en lo relativo a impedir el uso de las anillas de nido oficiales de la RFCE en Canarias, continuará realizando competiciones fuera de su territorio autonómico, como son las sueltas desde Marruecos y negando que puedan realizarse Campeonatos de España en Canarias ) en todo caso, conforme a la interpretación que realizan de la Ley 4/2011 para la tenencia de palomas mensajeras en Canarias se exige estar federado en la FCC y disponer de anillas de nido de la FCC. Igualmente para realizar competiciones colombófilas en territorio canario es preciso contar con autorización de la citada FCC.

Por tanto, la desintegración no resolvería el problema de los colombófilos canarios que no quieran pertenecer a la FCC, salvo que se declarara judicialmente que la normativa de obligatoria federación por la tenencia de palomas vulnera la Constitución – Derecho de Asociación, en su vertiente negativa de derecho a no asociarse-, al exigir una obligatoria asociación. Ni tampoco el problema de los colombófilos que quieran pertenecer a la FCC y a la propia RFCE, anillando sus palomas con anilla oficial de la RFCE y participar en Campeonatos de la RFCE, en contra de las pretensiones de la FCC en su interpretación particular de la Ley 4/2011.

Quinta, respecto a la consideración de la FCC relativa a que el suministro de anillas por parte de la RFCE a sus federados es una actividad ilegal en Canarias, sancionada por la FCC, porque dice infringir el art. 3.1. de la Ley 4/2011, prohibiendo practicar la colombofilia a quienes no tengan palomas anilladas con anilla de la FCC (circunstancia que se ha sido objeto de recurso de alzada por la propia RFCE ante la Consejería de Deportes de Canarias) entiendo que:

1º) Todos los estamentos integrados en la RFCE, es decir con licencia de la RFCE, deben cumplir los Estatutos de esta Federación. La FCC está integrada en la RFCE mientras no se desintegre bien a iniciativa de la propia FCC o bien a iniciativa de la RFCE.

2º) Los Estatutos de la RFEC establecen que es competencia de la RFCE el suministro de anillas a las Federaciones Autonómica/Delegaciones Territoriales de las anillas de nido homologadas con la licencia de paloma mensajera o el título de propiedad correspondiente (art. 4 Estatutos).

3) Los Estatutos de la RFCE establecen una estructura por la cual las federaciones Autonómicas están integradas en la Federación Estatal bajo un contexto puramente estatutario (estatutos y reglamentos federativos) que admite el que aquéllas se integran es ésta respetando los Estatutos de la Española.

Las Federaciones Territoriales se rigen por la legislación específica de la Comunidad Autónoma a la que pertenecen y supletoriamente por la legislación española en general, por sus Estatutos y Reglamentos y por sus propias disposiciones de orden interno.

En todo caso, se deberán reconocer expresamente a la RFCE tanto las competencias que le son propias como las públicas de carácter administrativo que le corresponden, en uno y otro caso, en virtud de lo que establecen la Ley del Deporte, el Real Decreto sobre federaciones deportivas españolas, los presentes Estatutos y su Reglamento General (art..7 Estatutos.)

Las federaciones de ámbito autonómico que tengan personalidad jurídica por disposición o reconocimiento de las normas propias de sus Comunidades Autónomas respectivas ajustarán sus normas estatutarias, en lo que sea necesario, a estos Estatutos y deberán cumplir las normas e instrucciones de la RFCE sobre las competiciones oficiales organizadas o tuteladas por ella o que la misma delegue en cuanto excedan de su ámbito territorial, así como las cuestiones disciplinarias según lo previsto en estos Estatutos (Art. 8 Estatutos).

4) Sólo hay que leer la Ley 4/2011 para comprobar que la misma nada impide o prohíbe sobre el hecho de que las palomas puedan llevar anilla nacional.

Que tengan que estar anilladas las palomas con anilla aprobada por la FCC no significa que no puedan estar también anilladas con anilla nacional, porque podría ser la misma anilla.

Solicitar anillas nacionales no es una infracción de la citada Ley 4/2011. Que las palomas lleven anilla nacional no es tampoco una infracción de la Ley 4/2011. Que las palomas canarias no porten anilla nacional si es una infracción de las normas estatutarias y deportivas de la RFCE.

La RFCE como Federación Estatal tiene sus normas (que la Federación canaria debería respetar en cuanto está integrada en la misma) y los colombófilos canarios con licencia estatal están en su derecho de poder participar en pruebas estatales – nacionales conforme al calendario de la RFCE.

5º) El hecho de que la legislación canaria exija que las palomas mensajeras “nacidas en Canarias” porten en una de sus patas una anilla de nido, que será la estipulada por la Federación Canaria de Colombofilia y homologada por la Federación Nacional cuando se quiera acudir a campeonatos de ámbito nacional o internacional no es un hecho impeditivo de que los colombófilos canarios no deban anillar con anilla de la RFEC, como veremos seguidamente.

6º) La Federación Canaria está integrada en la RFEC. Debe por tanto cumplir las leyes de su territorio autonómico y al mismo tiempo cumplir las normas de la federación estatal en la cual está integrada.

La RFEC en sus Estatutos, exige para todos los colombófilos pertenecientes a Federaciones integradas en todo el territorio estatal y para competición estatal, que la anilla sea la suministrada por la RFEC. Es una decisión de su Asamblea General de la que forma parte también la FCC.

La FCC puede efectivamente exigir que todas las palomas mensajeras nacidas en Canarias estén provistas de anilla de nido conforme a su legislación canaria, y que esa anilla sea la estipulada por la Federación Canaria.

Para adecuar e integrar la realidad autonómica y la realidad estatal, la anilla que porte la paloma mensajera, dice la Ley 4/2011 que será homologada por la federación estatal, pero alcanzar el acuerdo de homologación no es una cuestión dependiente de la voluntad de una sola parte, sino que deben converger las voluntades tanto de la FCC como de la Federación Estatal.

Por un lado debe existir un acuerdo federativo en la estatal que permita la homologación y establezca la forma y el quantum. Por otro lado debe existir el consentimiento de la Federación Territorial para aceptar someterse a la homologación.

En diversas federaciones deportivas existe normativa relativa a la forma en que se alcanza la citada homologación, pero dicha homologación (pensada para licencias y no para anillas) exige en todo caso un acuerdo entre partes, que deberán cumplir lo dispuesto por la normativa reglamentaria de la Federación Española, elaborada por la Comisión Delegada de la Asamblea, órgano colegiado con las mayores facultades para aprobar y modificar reglamentos y de acuerdo con la Asamblea General que es el órgano colegiado con las mayores atribuciones y competencias para fijar las obligaciones económicas y financieras de la Federación Estatal.

Sin este acuerdo no es posible homologar nada. Porque la reglamentación de la homologación debe ser una norma de aplicación para todo el colectivo colombófilo, a todas las federaciones y sólo a aquellas Federaciones que cumplan lo dispuesto en la reglamentación que se acuerde, podrán adherirse a este sistema y homologarán sus anillas.

Mientras tanto se pueda producir esta normativa que permita la homologación fruto del acuerdo de los órganos federativos de representación, la única norma que la RFCE tiene aprobada es la de que las anillas las suministra la RFCE.

Y esta norma fue aprobada por la Asamblea General de la RFCE y sus acuerdos deben ser cumplidos por todos aquellos que estén integradas en la misma. Sin distinción.

Y no vale decir que la Ley Canaria tiene mayor valor legal que unos Estatutos, porque no estamos ante un conflicto de leyes o normas, sino ante puntos de fricción, que deben ser resueltos por la concurrencia de normas diferentes.

Hay normas de derecho público de carácter territorial que afectan a la Federación Canaria y a sus miembros – en Canarias – y reglamentación privada estatutaria que afecta a la Federación Canaria y a sus miembros en sus relaciones con la Federación Estatal – en España

Si la Federación Canaria entiende que no puede conjugar el cumplimiento de su Ley con los compromisos privados por su pertenencia a la RFCE, debería plantearse si debe continuar en el seno de la RFCE.

Porque a mi juicio, resolver esta cuestión sería tan fácil como establecer que la anilla estipulada por la Federación Canaria sea la suministrada por la Federación Estatal (la misma) para no establecer diferencias con el resto de Federaciones Territoriales integrantes de la Estatal, y que no olvidemos, están integradas voluntariamente aceptando sus Estatutos y obligándose a adaptar los suyos en lo que sea necesario (art. 7 Estatutos RFCE).

Si no se cumplen los requisitos que establezca la RFCE y el ordenamiento jurídico español para la participación en competiciones estatales e internacionales se producirá inexorablemente la exclusión de los colombófilos canarios por parte de la FCC y los perjudicados serán finalmente todos aquellos practicantes de este deporte.

Si para cumplir con la Ley Canaria la FCC entiende que la anilla estatal es “ilegal” y que sólo puede suministrarse anilla estipulada por la Federación Canaria, se estará incumpliendo los Estatutos de la RFCE, con la consecuencia directa de impedir a los colombófilos canarios que puedan participar en competiciones y actividades de carácter estatal e internacional.

La entrada en vigor de la licencia única deportiva hace desaparecer la licencia nacional, sin olvidar que la RFCE debe recibir la correspondiente compensación económica que apruebe en su caso la Asamblea General de la Federación Española, por tanto habrán de resolverse entre RFCE y FCC los demás problemas relativos a la anilla de nido de las palomas, teniendo en cuenta que la Federación Colombófila Internacional (FCI) en sus Estatutos – artículo 2 – establece la definición de paloma mensajera como aquella identificada por una anilla emitida por una Federación miembro de la Federación Colombófila Internacional, que gracias a sus cualidades de orientación, permite a su propietario practicar su afición participando en las carreras de palomas.

Cuando una Federación Territorial está integrada junto con otras Territoriales en una Federación Estatal, deben seguirse las mismas reglas para todos. Y todos deberán cumplirlas sin excepciones hasta que sean modificadas de acuerdo a los sistemas previstos en los propios órganos.

Si se trata de aplicar una Ley en contra del sistema jurídico establecido en todo el Estado español, o bien la ley no está bien confeccionada o lo más probable, es que sea mal interpretada, en contra del criterio del TC relativo a que la constitucionalidad o inconstitucionalidad de determinados preceptos dependerá de la forma en que se interpreten los mismos, promoviendo la conservación de las normas en los términos que establece el propio Tribunal. Y esos términos o criterios ya se han puesto de manifiesto en diversas sentencias relacionadas con las competencias deportivas del Estado y las Autonomías, que pueden verse resumido en la STC 110/2012 de 23 de mayo.

Hay concurrencia de competencias administrativas estatales y autonómicas que ejerce cada una de las Federaciones (RFCE y FCC) que son funciones públicas de carácter administrativo. Si son funciones públicas, son competencias propias de las Administraciones Estatal y Autonómica, y sólo por delegación son ejercidas por las federaciones nacional y autonómica (entidades asociativas privadas).

Por tanto Estado y Autonomía tutelan y controlan las actuaciones de las citadas federaciones. Si ambas federaciones son incapaces de coordinar su actividad, las Administraciones públicas tutelantes están obligadas a apurar la búsqueda de una solución justa y legal que finalice el conflicto.

Si hay conflicto debe resolverse, primeramente, mediante reglas de coordinación, colaboración y cooperación propias de las entidades públicas territoriales como establece el TC.

Si no es posible regular el ejercicio de competencias concurrentes, habría que estimular un procedimiento de conciliación o arbitraje que diera respuesta desde el plano privado al conflicto federativo .Si no se consigue tampoco así, la vía de recursos – ya abierta – daría lugar a la vía judicial.

Este enfrentamiento debe terminar cuanto antes evitando un conflicto de mayor calado, incluso constitucional, antes de continuar imponiendo soluciones unilaterales basadas en la derrota del contrario.

Tampoco a la RFCE le interesa que la colombofilia canaria se desarrolle al margen o de espaldas a la FCC, pero el potencial desintegrador existente por causa de este conflicto constituye un atentado al interés deportivo general mucho mayor que el que se trata de proteger por cada una de las Federaciones: la aplicación de la Ley Canaria por la FCC mediante una interpretación interesada e inconstitucional de la misma a incumpliendo los estatutos de la española, en la cual está integrada en derecho pero no así de facto.

En Madrid a 8 de junio de 2015.

José Antonio del Valle Herán
Abogado

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