La competencia del TAD sobre recursos de federaciones deportivas en materia de dopaje

No Comments

Sinopsis: Comentarios a la sentencia de la sala de lo contencioso administrativo de la audiencia nacional de 20 de octubre de 2016 sobre falta de competencia del TAD para conocer de recursos sobre resoluciones dictadas por las federaciones deportivas cuando actúan por delegación de las federaciones internacionales en materia sancionadora por dopaje deportivo

Dentro del mundo del deporte, el fenómeno del dopaje se ha revelado como una de las mayores lacras que azotan a federaciones, equipos y deportistas. Recientemente la sociedad ha empezado a tener consciencia de lo terrible que resulta esta práctica, tanto para el nombre del deporte, con independencia de la disciplina que se vea ensuciada por esta práctica, como para el deportista, que sufre en el plano tanto profesional como de la salud.

Hemos tenido la oportunidad de tratar un nuevo asunto de dopaje, especialmente trascendente, que se remonta a 2013 y que llegó hasta la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional  de 20 de octubre de 2016.

Este asunto está revestido de especial trascendencia, no sólo por la relevancia a nivel de los intervinientes (nos hallamos ante un asunto que afecta directamente al ciclismo profesional, disciplina, desgraciadamente, especialmente afectada por la práctica del dopaje); sino, sobre todo, por los aspectos procedimentales que debieron tenerse en cuenta a la hora de enfocar, desde el despacho, la defensa de la Real Federación Española de Ciclismo.

En este sentido, se afrontaba directamente el paso de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte a la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.

La intervención en el supuesto de hecho de ambas leyes constituía  una novedad dado que, en función de las fechas en que acontecieron los hechos, resultará aplicable una u otra ley; pero,

¿En qué términos se aplica una u otra ley?

  1. Los hechos tuvieron lugar entre los años 2007 y 2011, iniciándose el procedimiento sancionador por parte de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) a instancia de la Federación Internacional  (Unión Ciclista Internacional  UCI) el 21 de enero de 2013. No obstante, dicho procedimiento no se resolvió en el plazo legal, incurriéndose en caducidad y procediéndose al archivo del asunto.
  1. A pesar de ello, la RFEC decidió incoar un nuevo procedimiento sancionador, en octubre de 2013, a través del cual se decretó la suspensión de la licencia del ciclista por un periodo de dos años así como la anulación de los resultados obtenidos desde octubre de 2007. A ello, se le ha de añadir la imposición de una multa de 325.000 euros.
  1. Dicha resolución fue recurrida por el deportista ante el Tribunal Administrativo del Deporte (en lo sucesivo, TAD), que dicta Resolución de fecha 17 de octubre de 2014, acordando declararse incompetente para conocer de la solicitud presentada por el deportista  contra la resolución de 10 de julio de 2014 del Comité Nacional de Competición y Disciplina Deportiva de la  Federación, presentado  recurso contencioso administrativo  solicitando la incompatibilidad de la misma con los principios del derecho sancionador español.

Interesaba, por tanto, el deportista recurrente la estimación del recurso contencioso-administrativo, con anulación de la resolución administrativa recurrida, declarando la competencia del TAD para conocer del recurso interpuesto y, entrando a resolver el fondo del asunto, se anule y deje sin efecto la resolución del Comité Nacional de Competición y Disciplina Deportiva de la Real Federación Española de Ciclismo de 10 de julio de 2014.

  1. El recurso fue desestimado en su integridad, en primera y en segunda instancia, al ser la decisión del TAD de declararse incompetente conforme a Derecho, al tratarse de una sanción deportiva disciplinaria por dopaje a un deportista calificado como internacional.

La cuestión planteada en la apelación consistió en determinar la procedencia o no de la competencia del TAD para conocer de la solicitud presentada contra resolución de 10 de julio de 2014 del Comité Nacional de  Competición y Disciplina de la RFEC.

Así pues, a la duda sobre la ley que resulta aplicable al caso, se añadía una nueva discusión:

¿Cuál es la competencia del TAD para conocer sobre este asunto? Y de ser así, ¿en base a qué disposición?

A la vista de las circunstancias, el deportista sancionado sostenía que la norma aplicable debía ser la LO 7/2006, debido a que los hechos que se sancionan tuvieron lugar entre los años 2007 y 2011.

No obstante, dado que el nuevo procedimiento sancionador se incoa en octubre 2013, una vez la LO 3/2013 ya se encontraba vigente, sobre la base del apartado 2º de la Disposición Transitoria 1ª de dicha ley, la Federación entiende que resultaba de aplicación este nuevo cuerpo legal a aquellos expedientes disciplinarios que se iniciaran a partir de la entrada en vigor de dicha ley y, por lo tanto, como consecuencia de la apertura del nuevo expediente disciplinario de octubre de 2013, se aplicará la LO 3/2013, aunque bien es cierto que la norma sustantiva seguiría siendo el reglamento antidopaje de la UCI.

La disposición transitoria primera de la LO 3/2013, establece que las infracciones en materia de dopaje que se hayan cometido antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por lo dispuesto en la normativa anterior. Las que se cometan a partir del día de su entrada en vigor se regirán por la presente Ley”.

En el presente caso, como establece la sentencia dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, y ratifica la Audiencia Nacional:

  • En primer lugar, no nos encontramos ante una competición internacional celebrada en España, que quizá pudiera suscitar alguna duda sobre la normativa aplicable, sino ante parámetros biológicos anómalos en el ciclista recurrente puestos de manifiesto en distintos controles antidopaje realizados entre los años 2007 y 2011 y no residenciados, por tanto, en una competición concreta, reflejados en su pasaporte biológico, instrumento expresamente mencionado en el artículo 1.3 de la L.O. 3/2013;
  • En segundo lugar, la Disposición Transitoria distingue entre normas sancionadoras sustantivas y, en su párrafo segundo, normas procedimentales, en cuya sede se ubican las cuestiones competenciales, y el procedimiento sancionador seguido fue iniciado una vez entrada en vigor la Ley 3/2013;
  • Y por último, en tercer lugar, no es esta última norma la que ha sido aplicada al deportista, a tenor de la resolución sancionadora originaria, sino el Reglamento Antidopaje de la UCI, por lo que el argumento esgrimido tampoco podría dar lugar a la aplicación de la L.O. 7/2006, pues es una normativa sancionadora internacional, en vigor en el momento de los hechos, la que le ha sido aplicada.

Así, resultaría indiferente, desde este punto de vista, la fecha de incoación del procedimiento sancionador, no obstante lo cual, vistas las alegaciones del deportista recurrente, el Tribunal entiende plenamente aplicable la L.O. 3/2013, conforme a la disposición transitoria más arriba transcrita y ello con independencia de la existencia de un procedimiento anterior por los mismos hechos que fue archivado al haber transcurrido el plazo de caducidad.

Habiéndose delimitado la ley  procedimental y sustantiva aplicable, procede realizar una breve apreciación sobre la competencia del TAD o, mejor dicho, su la declaración de falta de competencia del TAD.

Breve apreciación sobre la falta de competencia del TAD en este asunto

Que la ley aplicable sea la LO 3/2013 es absolutamente relevante a estos efectos, pues como establece dicha norma “la competencia (sancionadora) corresponderá a las Federaciones españolas. Los actos que se dicten en el ejercicio de esta competencia, se entenderán dictados por delegación de la Federación internacional correspondiente y no tendrán la consideración de actos administrativos.”

Es decir, como la Federación  mantuvo,  a lo largo del procedimiento, la potestad sancionadora de las Federaciones Deportivas, no constituye una potestad pública estatal delegada, no es un acto recurrible ante los tribunales españoles y no existe competencia del TAD (no estando autorizado a conocer del asunto), pues en primera instancia, quien debió haber conocido de las impugnaciones contra las resoluciones sancionadoras debió haber sido el órgano previsto en la normativa privada, es decir, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (el denominado TAS/CAS)  por haberse iniciado el procedimiento a instancia de la Federación Internacional.

La sentencia también desestima la tacha de inconstitucionalidad opuesta por el deportista, pues la Constitución española únicamente hace referencia al deporte, además de en la distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas (artículo 148.1.19), en su artículo 43, dentro de los principios rectores de la política social y económica, al hacer mención la promoción del mismo por los poderes públicos, pero ningún principio constitucional está en juego en la delimitación de las potestades público administrativas en el aspecto disciplinario deportivo o en una mayor o menor extensión de las mismas, lo que incluye las facultades sancionadoras, pues, como ya se ha indicado, nos encontramos ante un ámbito fundamentalmente privado.

 

En Abogados Hernani somos profesionales sobre derecho deportivo, si quiere tener asesoramiento especializado, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de este enlace.

Your Thoughts