El régimen de responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital

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Bajo la vigencia de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, era preciso comprobar si en su actuación, los administradores habían incurrido en situaciones de dolo o culpa grave (a partir de la reforma de 1989 se suprimió el requisito de la culpa grave.

Actualmente, los artículos 236 a 241, Capítulo V (“La responsabilidad de los administradores”) del Título VII de la Ley de Sociedades de Capital, contienen la normativa legal aplicable a la responsabilidad de los administradores de las Sociedades de Capital

Lo que se debe de juzgar con esta normativa es si los administradores han actuado o no con una serie de deberes que resultan inherentes al correcto desempeño de sus funciones.

Estos deberes son:

    1. Deber de Diligencia: La norma exige que los administradores actúen con la diligencia de un “ordenado empresario” (art. 225.1 LSC), ello implica que los administradores se informen diligentemente sobre la marcha social, nombren y destituyan a los directivos, supervisen su actividad y adopten decisiones razonables, que no sean contrarias ni a la ley ni a los estatutos.

 

    1. Deber de lealtad: los administradores deben adoptar las decisiones sociales en interés de la propia sociedad, no en interés de los accionistas que les hayan designado, ni en interés propio (art. 226 LSC). La Ley obliga a los administradores a que comuniquen cualquier situación de conflicto entre su propio interés y el de la sociedad, debiéndose de abstener de intervenir en las decisiones conflictivas. Igualmente se prohíbe que el administrador revoque su condición de tal para realizar operaciones por cuenta propia o que se aproveche de oportunidades de negocio de las que haya tenido conocimiento a través de la S.A. (articulos. 227 y 228 LSC).
  1. Deber de secreto: los administradores tienen un deber de guardar secreto, con respecto a las informaciones de carácter confidencial que hayan recibido en razón de su cargo, deber que se exi tanto durante la vigencia del cargo, como incluso después del cese (art. 232 LSC).

¿Cuáles son las consecuencias que puede acarrear el incumplimiento de estos deberes?

La Ley de Sociedades de Capital establece que los administradores responden del daño que causen:

    • frente a la propia sociedad, los accionistas y los acreedores.
    • solidariamente entre sí (exceptuando aquellos administradores que se hubieran opuesto al acuerdo lesivo o desconocían su existencia)
    • sin limitación cuantitativa alguna
  • incluso en el caso de que la junta hubiera autorizado o ratificado su actuación (ya que la junta es siempre irresponsable y por lo tanto su autorización o ratificación es irrelevante).

¿Cómo se puede reclamar esta responsabilidad de los administradores?

La única vía legal para reclamar la responsabilidad de los administradores es la judicial, distinguiendo la Ley dos supuestos de reclamaciones:

    1. Acción individual. Cualquier accionista o acreedor de la Sociedad que haya sufrido daños puede iniciar sin más una acción ordinaria de reclamación de responsabilidad para exigir a los administradores que les indemnicen por los daños y perjuicios que les hayan sido causados directamente a ellos (art. 241 LSC).Los accionistas pueden en cualquier momento solicitar la convocatoria de la junta para entablar la acción de responsabilidad. Los accionistas que representen al menos un el 5% del capital social podrán iniciar la acción de responsabilidad cuando los administradores no hubiesen convocado la junta a tal fin, cuando la sociedad no la iniciase dentro del mes siguiente a la fecha en la que se adoptó el correspondiente acuerdo por la junta o bien cuando éste hubiese sido contrario a exigir la responsabilidad.Los acreedores sociales podrán iniciar la acción social de responsabilidad cuando no haya sido ejercitada por la sociedad o sus accionistas y siempre que el patrimonio social resulte insuficiente para la satisfacción de sus créditos
  1. Acción social. Su razón de ser está en la indemnización a la propia Sociedad por los daños y perjuicios que le puedan haber causado los administradores (art. 238 LSC).La acción social de responsabilidad por la propia sociedad requiere el previo acuerdo de la junta que puede tomarse en cualquier momento sin necesidad de que conste en el orden del día. Los estatutos no pueden establecer mayorías reforzadas para la adopción del acuerdo de iniciar la acción social de responsabilidad.

Y en el seno de las federaciones deportivas españolas ¿qué régimen de responsabilidad se aplica a sus administradores ( Presidente y directivos).

La respuesta a esta cuestión la dejamos para otro post más adelante.

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